El Tribunal Supremo ha dicho basta a la concesión automática de la residencia provisional a quienes solicitan asilo desde un centro de internamiento de extranjeros (CIE) con la intención de sobrepasar el plazo que legalmente tiene la Administración para responder.
Asà lo determina el Tribunal Supremo, en una sentencia de 29 de octubre de 2019, en la que considera que esta actuación incurre en fraude de ley, cuando la protección internacional no se solicitó en la frontera -al entrar ilegalmente en España-, y se actúa con la intención de eludir la expulsión del territorio nacional y la salida del CIE.
Administrar Justicia
"Aplicar sin más los artÃculos 19, 21 y 25 de la Ley 12/2009, Reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, no es un ejercicio de administrar Justicia por un tribunal, pues falla, para examinar dichos preceptos, la base, la razón para demandar el asilo, y falla, además, grosera y estrepitosamente. Falla lo que hay detrás de los documentos y que el interesado además reconoce", considera la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La Sala considera en esta sentencia que a primera vista, por el simple juego de los artÃculos 25.2 y 21 de la Ley reguladora del derecho de asilo, procederÃa desestimar el recurso de la AbogacÃa del Estado.
Sin embargo, el ponente, el magistrado Borrego Borrego, razona que la labor del Tribunal Supremo "no es afirmar sin más que dos más dos son cuatro", sino que esta Sala está obligada a verificar si el primer sumando es dos exactamente, si la operación de sumar (más) es pura y viciada por algún defecto, y el segundo sumando es real o un espejo del primero, y concluir en un resultado conforme al Ordenamiento JurÃdico, que por encima de todo es racional".
El fallo advierte del "daño a todos los verdaderos refugiados"
Por ello, la sentencia anula un fallo de la Audiencia Nacional que consideraba que con el transcurso de los cuatro dÃas que la Administración tiene para responder a la solicitud del inmigrante, se abre el procedimiento ordinario para tramitar la solicitud de protección internacional y, por tanto, se obtiene la residencia provisional.
El ponente concluye que esta conducta procedimental "no solo ha sido ejecutada en grosero fraude de ley, sino que la misma supone un ejercicio antisocial del derecho, un abuso, puesto que el reclamante no tiene ni una sola de las circunstancias para considerarse refugiado y pide la protección internacional un viernes en el CIE de Madrid. Y asà obtiene la libertad provisional".
